CANCÚN, Quintana Roo, 19 de junio. – Al menos 370 asentamientos irregulares han sido detectados en Quintana Roo, aunque la cifra podría duplicarse una vez que concluya el diagnóstico integral que realizan las autoridades estatales para dimensionar el problema de crecimiento urbano sin ordenamiento.
José Alberto Alonso Ovando, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, señaló que los municipios con mayor incidencia son Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Puerto Morelos, donde la expansión de zonas habitacionales fuera de la planeación urbana representa un reto para el acceso a servicios básicos, movilidad y certeza jurídica.
El funcionario advirtió que estos asentamientos reflejan la ausencia de ordenamiento territorial y colocan a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad, al habitar predios donde muchas veces no existe seguridad legal sobre la propiedad ni infraestructura suficiente.
Ante este panorama, fue instalado en la Universidad del Caribe el Comité Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos, con el objetivo de coordinar acciones entre autoridades, especialistas e instituciones para avanzar en procesos de regularización.
Alonso Ovando explicó que el propósito es otorgar certeza jurídica a las familias que viven en estas zonas, además de generar condiciones para que puedan acceder gradualmente a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, drenaje, vialidades y equipamiento urbano.
“Son espacios donde la ausencia de ordenamiento territorial termina derivando en situaciones de vulnerabilidad para las familias”, señaló.
Por su parte, la investigadora de la Universidad del Caribe, Christine McCoy, expuso que cerca del 30 por ciento de la población de la zona metropolitana de Cancún e Isla Mujeres vive sin certeza jurídica sobre su patrimonio.
De acuerdo con la especialista, esta situación representa alrededor de 240 mil personas agrupadas en aproximadamente 60 mil familias, lo que evidencia la magnitud del problema habitacional en una de las regiones de mayor crecimiento poblacional del estado.
McCoy indicó que el fenómeno responde tanto a la necesidad de vivienda de familias de bajos ingresos como a la venta irregular de terrenos sin autorización, lo que ha favorecido la expansión de asentamientos sin servicios, sin planeación y sin garantías legales para quienes los adquieren.
Las autoridades señalaron que el diagnóstico estatal permitirá identificar con mayor precisión la ubicación, condiciones y necesidades de estos asentamientos, para definir rutas de atención, regularización y contención del crecimiento irregular.
El reto, coincidieron, será avanzar en soluciones que no sólo atiendan la situación legal de las familias, sino que también frenen la creación de nuevos asentamientos mediante una mejor planeación urbana, vigilancia y acceso a vivienda formal.

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