CANCÚN, Quintana Roo, 24 de enero.-El secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Brahms, dijo que P entes penales y administrativas para funcionarios y ex funcionarios municipales que incurrieron en la cual violatorios en la de la ley y omisiones a esta, en el caso Tajamar, los 11 puntos de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) correspondientes a ese tema, serán cumplidos.
La decisión del gobierno municipal, la posibilidad de fincar responsabilidades penales al director de Ecología, Felipe Villanueva, quién expidió permisos para desmontar cinco hectáreas que son propiedad del ayuntamiento y que no debieron ser devastadas por la maquinaria contratada por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR)la madrugada del 16 enero de 2016.
Todas y cada una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cómo se afectaron; se presentó el escrito de aceptación en tiempo y forma y, es un compromiso de la Administración verde en hacer lo que tengamos que hacer para que esto vaya bien. Incluso una denuncia penal ahí si aceptamos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos como yo también tú para que esa parte de Cancún vuelva a ser lo que era antes y hablo del tema ecológico y la zona de los manglares, a pregunta expresa.
El séptimo punto de la misión 62/2017, establece, textualmente, que se deben aportar todos los elementos necesarios con los que cuenta el ayuntamiento en el procedimiento administrativo de investigación que se inicia en contra de AR (El director de Ecología) y quien resulte responsable con motivo de la queja que esta Comisión Nacional presente ante la instancia que corresponda por las acciones y omisiones referidas en la presente recomendación.
El ayuntamiento aceptó prometiendo se ha que una vez que la CNDH solicita la investigación ante la instancia correspondiente, colaborará con los elementos que sean necesarios.
El octavo punto de la recomendación va más allá y señala que la comuna habrá que colaborar con el seguimiento de la carpeta de investigación que se sustanciará ante la procuraduría general de la república (PGR) en contra de AR6 y de quienes resulten responsables por los probables delitos ambientales que propusieron a la degradación del ecosistema de humedad en tajamar, municipal derivado de la denuncia que presente la CNDH. El señalamiento es para la persona del directivo de Ecología Pero él tendrás algo sus derechos y cómo defenderse.
“No podemos hacer caso omiso de que no fue porque los hubiera querido dar el ayuntamiento y los funcionarios que participaron dicen que se dieron en cumplimiento a la ley”, señaló el encargado de la política interna de la comuna. Contrario a lo que señala los funcionarios municipales involucrados la CNDH concluyó que los permisos que expidieron para el desmonte de predios en Tajamar fueron contrarios a derecho.
Felipe Villanueva fue director de Ecología durante la administración del alcalde Paul Carrillo, que autorizó la devastación en Tajamar, el actual edil Remberto Estrada, lo mantuvo en el puesto y luego lo relevó del cargo para dar paso a Jeannina Medrano. A finales del año pasado Medrano Galindo dejó el puesto y fue sustituido por Felipe Villanueva, quién se había refugiado en la Dirección de Ingresos Coordinados.
EL ANTECEDENTE
Cuatro días antes de que la maquinaria entrase en el polígono a rellenar y desmontar manglares, en los predios propiedad del Fonatur o de particulares en Tajamar, el fondo la dirección de Ecología solicitó otorgar los permisos de chapeo y desmonte correspondiente, alegando que las cláusulas y obligaciones impuestas en la autorización que emitió la Semarnat en julio de 2005 y 2008 habían quedado sin efecto.
Aquello incluía el chapeo y desmonte de 5.4 hectáreas de terrenos, ubicados a un costado de la rambla central de Tajamar, con vista al sistema lagunar Nichupté, donadas en 2007 por el Fonatur a la comuna para habilitar un parque urbano. Esas 5.4 hectáreas formaban parte del porcentaje que el Fonatur estaba obligado a donar al ayuntamiento, en términos de la Ley de Fraccionamientos, por lo que el fondo carecería de facultades para tocarlos o pedir a la comuna, desmontarlos, pues se trata de terrenos propiedad del municipio.
En ese sentido, ecología Felipe Villanueva debió negarse a expedir el permiso de chapeo y desmonte, al menos en esa área, pero no lo hizo y en cambio lo autorizó. Como consecuencia los manglares de los bloques 1,2 y 10 de la Manzana 9 fueron destruidos y el proyecto elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) para construir ahí un parque urbano con concha acústica se vino abajo. (FUENTE: Luces del Siglo)
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