Fiscalía analiza camino legal para impedir que Roberto Borge disfrute prisión domiciliaria

CHETUMAL, Quintana Roo, 18 de diciembre (Infoqroo).- La Fiscalía General del Estado analiza el procedimiento legal a seguir para evitar que el ex gobernador Roberto Borge Angulo disfrute de prisión domiciliaria, informó su titular, Raciel López Salazar.

Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha estimada para actuar en contra, pues apenas hace unas horas, un juez federal le otorgó la prisión domiciliaria, pero por el delito de lavado de dinero del que también es acusado.

El juez basó su decisión en una jurisprudencia de la Corte que establece la revisión de la prisión preventiva después de dos años de reclusión, de acuerdo con Reforma.

Así, el juez estaría dispuesto a realizar el cambio de medida, pero bajo la condición de que Borge cubra un pago de 10 millones de pesos.

Aunque se le impondría el uso de un brazalete electrónico y, en caso de ser condenado, debería regresar a prisión.

Derivado de ello, durante la conferencia de prensa matutina, el fiscal general, Raciel López Salazar, aseguró que la institución que encabeza está comprometida a realizar un análisis minucioso para determinar las acciones legales a seguir, siempre con el objetivo de proteger los intereses de la comunidad.

“Somos muy respetuosos de la decisión del poder judicial federal y vamos a analizarla jurídicamente para ver qué recursos podemos interponer, siempre velando por los intereses de la sociedad”, declaró.

El fiscal enfatizó la gravedad de los cargos estatales contra Borge Angulo, relacionados con un impacto presupuestal considerable en el erario estatal, por lo tanto, se analizará la resolución emitida para determinar las acciones que se implementaran a partir de ello.

Cabe mencionar que son dos procesos legales en contra el exgobernador quintanarroense.

El primero se relaciona con un presunto peculado por el desvío de 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V.”.

El segundo proceso se vincula con el delito de aprovechamiento ilícito del poder, relacionado también con pagos a la misma empresa.