Investiga administración de Carlos Joaquín a mil 500 de sus funcionarios
CHETUMAL, Quintana Roo, 14 de septiembre. – Con un total de mil 500 investigaciones a funcionarios del Gobierno de Quintana Roo, cierra la administración de Carlos Joaquín González, informó el titular de la Contraloría del estado, Rafael Del Pozo Dergal.
Rafael del Pozo reconoció que este gobierno triplicó el número de funcionarios denunciados por supuestas irregularidades en su función, principalmente en personal de la Oficialía Mayor, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
En tanto las denuncias interpuestas por el ejercicio de la administración del ex gobernador de Roberto Borge, reconoció que “continúan en el desahogo de pruebas por la vía penal en Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) particularmente”.
“Seguirá el curso hasta concluir, ya no podremos seguir acompañándolo hasta el final, será trabajo de la siguiente administración dar seguimiento. Pero, en cuanto al trabajo de la Contraloría, hemos cumplido con el proceso”, indicó.
Cuestionado sobre las posibilidades de que Roberto Borge Angulo salga en libertad al concluir el gobierno de Carlos Joaquín, el contralor se reservó los comentarios, aunque destacó que será una decisión absoluta de los jueces que deberán considerar los elementos imputados por la SEIDO.
Rafael del Pozo indicó que durante la administración de Carlos Joaquín se integraron más de mil 500 investigaciones de las cuales se han resuelto 560 expedientes en la parte administrativa.
Destacó que, de las resoluciones dictadas por la Contraloría por responsabilidades económicas, suman de 3 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, todavía no son resoluciones firmes y la siguiente administración tendrá que dar seguimiento al trabajo”.
Reconoció que aún será un “reto” de la próxima contraloría cobrar estos recursos, “porque habrá ver si hay de donde cobrarlos”.
Por último, aseguró que las denuncias penales interpuestas ante la SEIDO cumplen los elementos necesarios considerados como actos de delincuencia organizada en el manejo de los recursos durante la administración de Roberto Borge, aunque no precisó nombres.
