La expresión por la defensa de los derechos ciudadanos en Puerto Morelos es vista con un acto delictivo

PUERTO MORELOS, Quintana Roo, 5 de junio.-Desde el pasado mes de octubre del 2019, los ciudadanos de Puerto Morelos han manifestado su inconformidad sobre el proceso bajo el que la Administración de Laura Fernández Piña ha manejado el Proyecto de Remodelación del Parque del Casco Antiguo.

Ya son cerca de 6 meses los que han pasado y las autoridades no han dado una respuesta abierta y objetiva sobre lo que los habitantes solicitan. Los ciudadanos señalan que dicho proyecto no presenta áreas definidas para el espacio público, no cuenta con elementos que ayuden a mitigar las elevaciones de temperatura ni consideraciones de flora local, se pretende pavimentar nuevamente sin tener en cuenta la infiltración de agua para evitar inundaciones y escurrimientos que erosionan la playa, se ha percibido dicha obra como un despojo de las expresiones históricas del lugar, así como la evidente falta de transparencia durante todo el proceso de licitación para el dispendio de 19 millones de pesos, siendo que hay necesidades más urgentes como hospitales, saneamiento de vialidades, mejoras en las escuelas, entre otras que son parte de la gestión del Gobierno Municipal.

Desde el 14 de Octubre del 2019 los ciudadanos han sostenido las mismas exigencias: Presentación transparente del proyecto y sus recursos, así como la Consulta y Participación Ciudadana.

Para ello la ciudadanía emitió 8 Documentos Oficiales solicitando la Información y cuatro documentos más ante Derechos Humanos. Durante los meses de febrero y marzo habitantes tomaron el parque y con guardias las 24 horas, el Parque se convirtió en un recinto popular para expresiones artísticas y culturales: 22 Conciertos, 6 Espectáculos y 34 Talleres. Un total de 62 actividades en 45 días y se han logrado cerca de 5 mil firmas físicas en oposición al proyecto y más de 16, 000 en la plataforma de Changeorg.com. Estas actividades tuvieron que suspenderse debido a la contingencia por COVID- 19.

Los habitantes de Puerto Morelos consideran que gastar 19 millones de pesos en remodelar al parque principal, parte de la identidad de los Portomorelenses no es una prioridad, respecto a las necesidades reales como hospital, escuelas, drenajes adecuados especialmente en el casco antiguo, saneamiento de calles y vialidades de todo el poblado entre otros.

A pesar de ello, la madrugada del 5 de junio ciudadanos fueron informados de la presencia de 2 trascabos y aproximadamente 15 trabajadores que comenzaron las obras de derrumbe del quiosco, vecinos se acercaron al sitio para frenar las obras y de forma pacífica lograron detener las máquinas.

Mientras tanto en los retenes a la entrada del pueblo, cerca de 50 ciudadanos esperaron se les permitiera el acceso para sumarse a las manifestaciones, encontrando el paso cerrado por policías municipales, siendo esto una total violación al libre tránsito.

Alrededor de las 2 de la mañana se abrió el paso y más de 100 Portomorelenses reunidos expresaron su inconformidad ante los hechos. Sin embargo, este viernes alrededor de las 7:15 de la mañana llegaron a la zona del parque del casco antiguo de puerto Morelos 3 camionetas antimotines con 18 policías, que amagaron a los 15 ciudadanos que se habían quedado de guardia en el parque, poco a poco los fueron “arreando” hasta sacarlos de las inmediaciones del parque. Había ciudadanos que estaban levantando registro en video de lo sucedido cuando empezaron a ser perseguidos por la policía con todo uso de la fuerza y violencia.

Los ciudadanos Daniela Zambrano Castello, Elena Monserrat lastra Pérez, Carlos Hernández Saldaña, María Valentina François Guichoux, Diego Arlia que estaban en el Parque desde la madrugada manifestando pacíficamente su inconformidad fueron detenidos con todo uso de prepotencia, violencia y maltrato.

Actualmente los ciudadanos permanecen detenidos en Seguridad Publica y algunos no han sido puestos a la disposición del Juez, violando con ello sus derechos humanos.

Ciudadanos sostienen su postura y exigen a las autoridades Municipales y Estatales que los Derechos y la Participación Ciudadana se respeten y los recursos se asignen a proyectos prioritarios como el de la Salud.