Ley de Proteccion a periodistas ignorá la violencia hacía mujeres del gremio en Quintana Roo
Diana García
Chetumal, Quintana Roo, 18 de junio. — La iniciativa de Ley para la Protección Integral, el Bienestar Social y la Profesionalización del Periodismo en Quintana Roo, carece de perspectivo de género, además de no contar un consenso real, amplio y plural del gremio, ignora los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas que pueden ir desde la violencia sexual en todas las modalidades y estereotipos de género, hasta desprestigios y difamación, advirtieron las organizaciones Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas.
En un comunicado dirigido a la Décimo Octava Legislatura del Congreso de Quintana Roo, expresaron su preocupación yse unieron a las voces de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos que señalan la falta de un consenso real, amplio y plural en el proceso de elaboración de la iniciativa de Ley para la Protección Integral, el Bienestar Social y la Profesionalización del Periodismo promovida por una supuesta organización de periodistas.
Si bien reconocen la importancia de impulsar marcos normativos orientados a fortalecer la protección de periodistas, consideraron que una legislación de esta naturaleza debe construirse mediante procesos participativos efectivos, con la intervención sustantiva de mujeres periodistas y personas comunicadoras que enfrentan contextos diferenciados de violencia y exclusión.
“De acuerdo con el registro de CIMAC, Quintana Roo figura entre las regiones con mayor vulnerabilidad para las mujeres periodistas. A la fecha, se documentan 77 agresiones en la entidad, en un alarmante contexto de hostilidad institucional, censura y criminalización; esta violencia estructural, ejercida desde el poder público, se entrecruza de manera sistemática con intereses políticos y empresariales que derivan de la fuerte actividad turística de la región, vulnerando gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa”, puntualiza la organización.
Por lo que tras un análisis exhaustivo del documento, advierte que la iniciativa presentada el 05 de junio carece de una perspectiva de género transversal y de un enfoque interseccional que permita reconocer las condiciones específicas de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas en el ejercicio de su labor.
“En particular, observamos que la propuesta se centra en reconocer a la violencia digital como principal eje de agresión contra mujeres periodistas, omitiendo reconocer explícitamente a la violencia sexual y sus modalidades como una de las agresiones prioritarias que enfrentan las periodistas”, precisan.
Señalan que la definición de violencia digital no contempla las amenazas ni las prácticas de vigilancia como formas de agresión, que son acciones utilizadas frecuentemente para intimidar, inhibir la cobertura periodística y generar afectaciones profundas a la integridad emocional, psicológica y física de las periodistas.
Por lo que resulta insuficiente que la iniciativa únicamente haga referencia a campañas de estigmatización, ignorando las campañas de desprestigio y difamación que suelen dirigirse contra mujeres periodistas mediante ataques basados en estereotipos de género, sexualización, cuestionamientos a su vida privada y deslegitimación de su trabajo profesional.
En materia de análisis de riesgo y medidas de protección, advertían que la iniciativa considera protocolos para la protección de hijas e hijos, pero omite reconocer las responsabilidades de cuidado que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Tampoco contempla medidas dirigidas a madres y personas cuidadoras o personas dependientes que forman parte del entorno familiar de quienes ejercen el periodismo; esta omisión desconoce la realidad de las mujeres periodistas y la centralidad de los cuidados en la evaluación integral de los riesgos que enfrentan.
Es igualmente preocupante que la iniciativa no reconoce el feminicidio como una expresión extrema de violencia de género vinculada al ejercicio periodístico y se limita a mencionar el homicidio en los apartados relativos a indemnización.
“Observamos que la propuesta no contempla mecanismos de protección, acompañamiento ni sistemas integrales de cuidados para las familias de periodistas víctimas de feminicidio; la reparación queda reducida a la referencia ambigua de una indemnización “justa” para las personas dependientes económicas directas, sin establecer criterios claros, objetivos y suficientes que permitan garantizar una reparación integral del daño”, destaca.
Adicionalmente, manifestaron su rechazo a la creación de un registro voluntario de periodistas administrado por el Estado como mecanismo de acreditación. Pues consideran que es necesario vigilar que la acreditación por medio de este registro no sea utilizada como una condición para el acceso a los beneficios previstos en la ley.
“Condicionar directa o indirectamente el acceso a mecanismos de protección, bienestar o reconocimiento institucional a la inscripción en un registro gubernamental genera riesgos para la independencia periodística y puede derivar en prácticas discriminatorias contra quienes ejercen el periodismo desde medios independientes, comunitarios, digitales o formas no tradicionales de comunicación”, subraya el documento.
Finalmente, llamaron a la XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo para que reconsidere el contenido de la iniciativa y abra un proceso amplio, transparente y participativo de diálogo con periodistas, organizaciones especializadas y personas expertas en libertad de expresión, género y derechos humanos.
“Exhortamos a que cualquier nueva propuesta legislativa incorpore de manera efectiva la perspectiva de género, el enfoque interseccional, el reconocimiento de las violencias específicas que enfrentan las mujeres periodistas, así como mecanismos de protección y reparación acordes con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”, concluye el comunicado.
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