CHETUMAL, Quintana Roo, 23 de agosto. – La Ley Ingrid estará aplicará exclusivamente para servidores públicos, no atentará contra la libertad de expresión, y la labor periodística en Quintana Roo, aseguró la diputada presidente de la Comisión Permanente, Cristian Torres Gómez.
En 2020 la iniciativa propuesta por el diputado Edgar Gasca Arceo fue calificada por la organización Artículo 19, y defensores de Derechos Humanos como una ley mordaza pues pretendía reformar el Código Penal y adicionar el artículo 204 que establece hasta 8 años de cárcel para quien difunda revele, entregue, publique, reproduzca, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito.
Al respecto la diputada morenista, informó que la propuesta fue modificada atendiendo la demanda de los grupos interesados, (medios de comunicación) y que dicha ley “se refiere exclusivamente a servidores públicos que hagan circular información sensible, que demuestre con imágenes el cuerpo de personas víctimas de algún delito”.
“Por el tema de la libertad de expresión, se dejó muy claro que va dirigida única y exclusivamente a servidores públicos, no a medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, el dictamen como lo presentamos es exclusivamente a funcionarios públicos, un policía, un perito, que no guarde una evidencia y la haga pública, es decir la puede tomar para la investigación. Pero, no para difundir”, precisó.
El dictamen será aprobado por mayoría de votos, después de 2 años de estar en la “congeladora” del Poder Legislativo, tras ser sometida a tres mesas de análisis entre integrantes de la Red Feminista Quintanarroense, y solo seis representantes de los medios de comunicación.
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