México va tras Borge por delincuencia organizada
CIUDAD DE MÉXICO, 06 de mayo. – La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, devolvió a México la solicitud de ampliación y consentimiento para juzgar por un quinto delito, el cual corresponde a delincuencia organizada, al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
De acuerdo con la dependencia de ese país, la solicitud de México “no reúne los elementos” establecidos en el Tratado de Extradición que firmaron ambos países en 2004, para proseguir con el análisis que requiere en la materia, por lo que se deberá remitir la documentación cumpliendo con todos los requisitos.
Para poder cumplir con lo que el gobierno mexicano pide, se tendría que levantar la regla del principio de especialidad, el cual es un elemento del Derecho Internacional, aplicable a los procesos de extradición, en el que, México sólo puede enjuiciar a Borge Angulo -detenido en Panamá el cinco de junio de 2017- por los cuatro delitos que fueron materia de la solicitud de extradición aprobada el 15 de septiembre de ese año y concretada el cuatro de enero de 2018 por los delitos de: Operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero; peculado; aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública; y ejercicio indebido de la función pública.
Por ello, para imputarle un nuevo delito a Borge, el gobierno mexicano debe obtener la anuencia de Panamá, a través del “levantamiento del principio de especialidad”.
En los antecedentes, el pasado 4 de junio de 2020, la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Panamá ampliar la extradición del ex mandatario quintanarroense con base en el consentimiento al principio de especialidad, para poder imputarle el delito de delincuencia organizada, ilícito que, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, ocurrió en Quintana Roo.
La institución justificó el procedimiento aludiendo que la conducta delictiva del ex gobernador pone en riesgo a la sociedad y a la paz pública, y justificó la ausencia de una orden de aprehensión dentro de ese nuevo procedimiento, bajo el argumento de que ésta se gira solo en casos excepcionales.
La Fiscalía asume que no debió mediar una orden de aprehensión ya que Borge se encuentra privado de la libertad. La dependencia señala que mientras Panamá no conceda la excepción al principio de especialidad, Borge no podrá comparecer ante un juez y ser vinculado a proceso.
