ONU denuncia el asesinato de más de 120 de activistas en Colombia
BOGOTÁ, Colombia, 16 de Marzo.- La ONU insta al Estado de Colombia y a las FARC a “reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” para lograr un desarrollo eficaz del proceso de paz entre el Gobierno y la principal guerrilla del país. Esta es una de las 15 recomendaciones que la misión de Naciones Unidas formula en el informe anual presentado este jueves en Bogotá por el alto comisionado de la organización Todd Howland, quien ha denunciado que en 2016 fueron asesinadas 127 personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de los que alrededor de la mitad tenían liderazgo en sus comunidades.
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El estudio señala que “el acuerdo de paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”, pero no lo considera suficiente ya que “el reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos del pasado contribuye a construir confianza en el proceso de paz”. La ONU recuerda el gesto del presidente colombiano y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Satos, que admitió “la persecución y violencia sistemáticas sufridas anteriormente por el partido político Unión Patriótica, y subrayó la responsabilidad del Estado de asegurar la no repetición” Y también concede que las FARC asumieron la responsabilidad de decenas de secuestros y asesinatos. “No obstante”, enfatiza Naciones Unidas, “sigue vigente el desafío del Estado y las FARC-EP de reconocer plenamente sus responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el pasado, de tal forma que satisfaga los derechos de las víctimas”.
La organización, que supervisa la implementación del proceso de paz desde sus inicios, urge además al Gobierno y a la guerrilla “a garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han caracterizado el conflicto armado”. Entre las recomendaciones destaca la necesidad de “avanzar hacia una solución negociada al conflicto armado” con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La segunda guerrilla de Colombia reivindicó un atentado en el centro de Bogotá hace menos de un mes. El informe “insiste en que todo uso de la fuerza por parte del Estado sea llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, salvo las acciones en contra de los grupos guerrilleros clasificados objetivamente como grupos armados organizados”.
Críticas a la ley de amnistía
La ONU formula críticas también a la ley de amnistía aprobada por el Congreso colombiano el pasado diciembre. “La ley”, apunta el informe, “incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento”. “También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas. El Alto Comisionado está sumamente preocupado que estos factores, si no se abordan, pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”.
El alto comisionado de Naciones Unidas muestra su preocupación por el goteo constante de asesinatos de líderes sociales. En 2016 se registraron 389 ataques. Murieron al menos 127 personas, mayoritariamente en zonas con presencia histórica delas FARC y casi todas en territorios con ecosistemas económicos ilegales. Uno de los principales factores de violencia es, según la ONU, “el cultivo de uso ilícito, en particular coca”, que en los últimos años ha crecido exponencialmente. La desmovilización de la guerrilla ha dejado una suerte de “vacío” que están ocupando “grupos armados al servicio del narcotráfico”, a lo que se suma la “debilidad de la presencia del Estado de manera integral en el territorio”.
La organización considera que la solución pasa por “reconocer el asesinato de defensores de derechos humanos como una situación grave sobre la cual el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida de los defensores”. Para ello, ve necesario reformar el tejido político y social de esas regiones. “La protección de la vida, y la disminución de la violencia, están directamente ligadas a las oportunidades de inclusión política y a la generación de empleo, salud y educación”. (FUENTE: El País)
