La reforma propuesta obligaría al gobierno mexicano a garantizar el acceso a los medicamentos o en su lugar a reembolsar el costo por comprarlos
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa para garantizar el acceso a la población a los medicamentos que necesiten y que, en caso de que el paciente deba pagarlos, el gobierno esté obligado a reembolsar el monto.
Los diputados opositores fundamentaron su propuesta de ley en la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicta que ante enfermedades que implican el suministro de medicamentos de manera periódica, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a éstos.
En un caso particular, un paciente promovió un amparo contra la omisión de un hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. El máximo tribunal del país ordenó al gobierno federal a que reembolse el costo de los medicamentos que el afectado tuvo que adquirir por su propia cuenta.
Con la nueva iniciativa presentada por la oposición en San Lázaro, las instituciones públicas de salud estarán obligadas a reembolsar a los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social los gastos en que incurran con motivo de la omisión de servicios o entrega de insumos para la salud a la que tienen derecho.
Además, se hará procedente el derecho al reembolso de los gastos que hayan tenido que realizar los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social para la atención médica preventiva, curativa, rehabilitatoria y paliativa que satisfagan sus necesidades de salud cuando:
- Hayan recurrido a servicios privados o sociales de salud por el incumplimiento a que está obligada la institución pública de salud de que se trate.
- Los insumos para la salud estén contenidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
- Los medicamentos, los dispositivos médicos, los requerimientos médicos y clínicos, y demás insumos para la salud hayan sido prescritos o indicados por profesionales de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud.
Con información de López-Dóriga Digital