Organizaciones ambientales denuncian irregularidades de SEMA en evaluaciones de impacto ambiental

CANCÚN, Quintana Roo, 15 de marzo de 2026.– Diversas organizaciones civiles y ambientales manifestaron su preocupación por el actuar de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) en distintos Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), donde señalan presuntas irregularidades, falta de transparencia y obstáculos a la participación ciudadana.

A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones advirtieron que la dependencia estatal habría asumido la evaluación de proyectos que corresponden al ámbito federal, particularmente aquellos que, por su naturaleza o impacto regional, deben ser analizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Según el documento, esta situación podría representar una invasión de competencias federales, lo que, señalan, debilita los mecanismos de control ambiental y genera riesgos para la protección del medio ambiente.

Uno de los casos mencionados es el relacionado con obras de rehabilitación y restauración de playas en distintos municipios del estado, donde colectivos ciudadanos y académicos solicitaron que no se ampliara o modificara una autorización ambiental emitida en 2009, sino que se realizara una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de carácter integral y regional.

Las organizaciones también acusaron a la SEMA de aplicar criterios administrativos restrictivos y formalismos excesivos, lo que —aseguran— ha impedido la apertura de consultas públicas en proyectos que deberían someterse a participación ciudadana.

De acuerdo con el pronunciamiento, incluso se han emitido autorizaciones ambientales de manera acelerada, antes de que se publiquen los listados mensuales de proyectos en evaluación, lo que dificulta que la sociedad conozca oportunamente las iniciativas y pueda solicitar consultas públicas.

Los firmantes señalan que en Quintana Roo prácticamente no se han abierto consultas públicas en materia de impacto ambiental, pese a que se han presentado más de cien solicitudes formales. Como excepción mencionaron el caso del proyecto “Planta de trituración y extracción de materiales pétreos Izgra”, cuya consulta pública fue parcial y cuyo resolutivo no se hizo público.

Las organizaciones sostienen que estas prácticas contravienen la legislación ambiental federal y los compromisos internacionales de México, particularmente el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

Ante este panorama, los colectivos solicitaron a la Semarnat revisar el actuar de la SEMA en los procedimientos donde existan indicios de invasión de competencias federales, opacidad o limitaciones a la participación ciudadana, así como investigar posibles irregularidades en materia de inspección ambiental.

Asimismo, pidieron que la autoridad federal garantice la correcta evaluación de los proyectos que deben analizarse a nivel federal, además de asegurar el acceso a la información ambiental y la apertura de consultas públicas cuando la legislación lo requiera.

Finalmente, las organizaciones firmantes reiteraron su disposición para aportar elementos técnicos y jurídicos que fortalezcan la gobernanza ambiental en Quintana Roo, señalando que la protección del patrimonio natural exige transparencia, legalidad y rendición de cuentas por parte de las autoridades.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Selvame MX, Centro Ecológico Akumal, Grupo Tortuguero del Caribe, Voces Unidas de Puerto Morelos, MOCE Yax Cuxtal, CIMAC, DMAS, Ciudadan@s por la Transparencia, Grupo GEMA del Mayab y Casa Wayuu, entre otras.