Periodista denuncia despido injustificado
PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 18 de noviembre.- Con una llamada telefónica, Patricia Martínez, reportera del periódico Quequi fue notificada que a partir de ese momento dejaba de trabajar para el rotativo de circulación estatal con un argumento de no liquidación laboral de parte de la empresa, manifestó la periodista en las afueras de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Trabajo.
La reportera Martínez, quien durante 10 años se desempeñó cubriendo información general para dicho rotativo, explicó brevemente que no tiene conocimiento de las razones por las cuales se da el cese de la relación laboral por lo cual acudió ante las autoridades laborales para que sea liquidada conforme a la ley, ya que en estos 10 años no contó con prestaciones laborales y siempre tuvo que trabajar costeando su equipo, cámara fotográfica, grabadora, celular, gasolina, por lo cual considera una falta de probidad patronal el hecho y el contexto en que se da esta situación.
De no llegar a un arreglo económico en conciliación, las autoridades laborales tienen como obligación dar cuenta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice una auditoría a dicha empresa ya que podría darse el caso que otros trabajadores de la misma no cuenten con seguridad social, así como a la Secretaría del Trabajo para que sean revisadas las condiciones de trabajo en el rotativo comentó el abogado de la denunciante.
Según la declaración universal de derechos humanos, el pacto de El salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmados por la nación mexicana), el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación con lo cual este proceder estaría violando los principios básicos de estos compromisos adquiridos por México y que es obligación de las autoridades competentes el velar por su cumplimiento.
