Promueven feministas la despenalización del aborto en Quintana Roo
CHETUMAL, Quintana Roo, 24 de septiembre. – Por segunda ocasión la Red Feminista Quintanarroense promovió la despenalización del aborto. Este viernes se entregó al Congreso del Estado la iniciativa correspondiente.
Anteriormente las activistas ante los diputados José Luis Guillén López y Ana Ellamín Pamplona así como el gobernador Carlos Joaquín González, promovieron iniciativas similares.
Como medida de presión el 27 de noviembre del año pasado, las mujeres tomaron las instalaciones del Poder Legislativo 95 días después les entregaron cuando la XVI Legislatura se pronunció en contra de la legalización del aborto.
La parte inconforme recurrió a la SCJN con el fin de revertirle y el 7 de septiembre pasado el máximo órgano jurisdiccional declaró inconstitucional la penalización del aborto.
Eso obliga a los congresos de los estados a pronunciarse al respecto.
El Grupo Provida y Frente Nacional por la Familia se manifestaron en contra de su legalización.
Este viernes la Red Feminista Quintanarroense entregó la segunda iniciativa encaminada a garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Establece la derogación de los artículos 93 y 96 del Código Penal, que criminalizan tal acción.
Paralelamente los articulados 92 y 97 para precisar la interrupción del embarazo a partir de la semana 13 y sus causales, como figura en las constituciones de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México.
Asimismo, no sea obligatorio interponer denuncia en caso de violación.
Además, de que no se judicialicen los abortos involuntarios, cuyos procesos son desahogados con criterios infundados.
En consecuencia, existen nueve personas en proceso judicial: siete hombres y dos mujeres.
Inclusive, hasta los doctores pueden dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar procesos judiciales por aborto.
La iniciativa fue promovida por Yunitzilim Rodríguez Pedraza, Ariadne Song Anguas, Erika Cornelio y Sandra Cortés.
En breve se impulsará reforma a la Constitución Política del Estado para precisar las condicionantes del derecho a la Vida.
