Protestan en Cozumel contra impuesto federal al crucerista de 42 dls; exigen aplazarlo hasta 2026

COZUMEL, Quintana Roo, 09 de diciembre de 2024. – Empresarios, trabajadores y miembros de la comunidad se manifestaron pacíficamente contra el impuesto de 42 dólares que el gobierno federal planea aplicar a los cruceristas a partir del 1 de enero de 2025. En la protesta, destacaron la necesidad de aplazar esta medida hasta 2026, argumentando que un retraso permitiría una reestructuración de tarifas para evitar que las navieras reconsideren sus rutas y perjudiquen la economía de la isla.

Eliot Reyes, empresario local, expresó que el principal objetivo de la manifestación es buscar una mediación adecuada. “Esta marcha es para expresar nuestra inconformidad y llegar a un acuerdo que no afecte el turismo en Cozumel”, afirmó durante su participación.

Por su parte, José Julio Azcorra, presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios en Cozumel y representante de la COPARMEX, señaló que es urgente encontrar un punto de equilibrio para evitar afectaciones a los sectores productivos. “Es necesario buscar alternativas que permitan que esta medida no impacte de manera abrupta a la economía local”, enfatizó.

Lenin Ernesto González, presidente de Uniper, una de las principales empresas de transporte turístico, externó su preocupación por el posible redireccionamiento de rutas de las navieras hacia otros destinos. “Este impuesto podría desincentivar la llegada de cruceros, y eso sería devastador para nuestra economía”, indicó.

La manifestación contó con la presencia de sindicatos y empresarios de diversos sectores, como transportistas, arrendadoras de autos y motocicletas, clubes de playa y operadores de tours por la isla, quienes señalaron que el turismo de cruceros es uno de los pilares económicos de Cozumel.

Los manifestantes hicieron un llamado al gobierno federal para que reconsidere la implementación de este impuesto en 2025 y se comprometa a un diálogo abierto con todos los sectores involucrados para buscar una solución que no afecte la actividad turística ni los ingresos de miles de familias cozumeleñas.