Quintana Roo: de la opacidad a la transparencia, con vecinos como “fiscales” del gasto público

QUINTANA ROO, 11 de septiembre.- Después de haber sido el estado con más corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos, Quintana Roo avanzó al tercer lugar nacional en Gobierno Abierto, indicador que mide los índices de transparencia y participación social en la fiscalización del gasto gubernamental, donde el 80% de las compras son ahora por licitación pública y abierta cuando antes eran solamente el 2%.

A la eficiencia en el manejo de los recursos que posicionó a Quintana Roo en el segundo lugar nacional en generación de ingresos propios, con una medición de 71.5 puntos cuando el promedio de los demás estados es de 42.5, se sumaron varios avances en la rendición de cuentas con relación al 2015, año en el que la entidad ocupó el primer lugar en corrupción y opacidad.

Actualmente en el Índice de Transparencia de la Información Fiscal Quintana Roo avanzó del lugar 13 a la posición 4, mientras en Transparencia y Gobierno Abierto pasó del último lugar (posición 32 de 32 estados) en 2016, al tercer estado más transparente de México.

En este sentido fue fundamental la participación ciudadana, por lo cual se conformaron 460 comités de contraloría social integrados por más de 7 mil 500 vecinos, a la vez que se abrió el portal “Vigila tu Obra” donde cualquier interesado puede monitorear la licitación, planeación, ejecución y entrega-recepción de las obras públicas.

Así mismo se blindaron contra la corrupción las adquisiciones de recursos materiales y se consolidó una mayor participación de empresas locales. Actualmente casi el 80 % de las compras del gobierno estatal son por licitación pública y abierta, cuando antes eran solamente el 2%, y sólo el 18% son por adjudicación directa cuando antes era el 90%. En materia de compras consolidadas, en 2017 se beneficiaron a 32 proveedores locales contra 13 foráneos; en 2018, a 21 locales contra 9 foráneos y hasta julio de 2019, 9 locales y 5 foráneos.

De igual forma, hasta el momento la administración de Carlos Joaquín no ha expedido ninguna concesión de transporte público, ninguna patente gratuita para bebidas alcohólicas y ninguna notaría, a fin de erradicar las prácticas clientelares y corruptas que predominaron en el pasado.