Reducción de la jornada laboral en México se mantiene en suspenso en el Congreso

A escasos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados mantiene en suspenso la votación de la reforma que busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral en México.

La diputada proponente, Susana Prieto, dijo que la fecha tentativa para discutir esta reforma es este martes 12 de diciembre, aunque afirmó que no existe aún ningún acuerdo firmado en la mesa.

La activista y legisladora del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusó a la fracción parlamentaria del derechista Partido Acción Nacional (PAN) de estar en contra de la reducción laboral.

Sostuvo que, además, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el también panista Jorge Romero ha estado aplazando el dictamen antes de que pase a discusión del pleno de la Cámara baja del Congreso mexicano.

“La continuación del proceso legislativo es pasarlo a votación del pleno, eso es lo que está en el aire, pero nadie jurídicamente ha dicho que no se va a votar en estas dos sesiones últimas del martes y miércoles”, sostuvo.

Y es que los legisladores mexicanos tienen previsto concluir el periodo ordinario de sesiones con la última sesión del miércoles.

Lo anterior, ha provocado que algunos diputados, como el morenista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, hayan considerado que la discusión de esta reforma podría aplazarse hasta el próximo periodo ordinario que comienza en febrero de 2024.

Sin embargo, el legislador tampoco ha descartado la posibilidad de solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados un periodo extraordinario para abordar la reducción de 48 a 40 horas laborales.

Prieto recordó que esta iniciativa contó con el apoyo de la amplia mayoría de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (MPVEM), así como por los opositores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Además, destacó que si bien hubo otros 17 intentos de reducir la jornada laboral en el pasado sin ningún éxito, esta es la primera vez que esta iniciativa avanza tanto en el Congreso mexicano, pues también reconoció el poder del sector privado en el país.

“17 veces se ha tratado de disminuir la jornada laboral de los trabajadores en México y siempre han ganado los empresarios”, dijo la activista y abogada laboral.

Sin embargo, Prieto confió en que los trabajadores mexicanos demandarán que se vote y apruebe esta reforma legal, pues dijo es en beneficio de 57 millones de trabajadores.

Recordó que el dictamen no tiene nada nuevo que incorporar, como demanda la fracción del conservador PAN, pues mencionó que la apertura e inclusión de lo que se discuta en ejercicios de parlamentos abiertos es para que los legisladores voten de manera informada y no tienen ninguna incidencia en el contenido de los cambios legales aprobados.

Incluso citó el acuerdo aprobado por siete votos a favor en la Comisión de Puntos Constitucionales y que indica que ‘no es procedente’ volver a discutir este tema y devolvió ‘en sus términos’, sin cambios desde el 25 de abril de 2023, el dictamen para su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Por su parte, los empresarios han sostenido que “no es el momento” de aprobar esta reforma debido a los costos que tendrían que absorber los empleadores, sobre todo los más pequeños, pues han argumentado que han acompañado diversos ajustes a sueldos y prestaciones que suponen también aumentos a sus costos.

También el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que es un tema que merece ser discutido, mientras el magnate Carlos Slim sostuvo tras la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, en el sur de México, que los mexicanos necesitan trabajar más para ganar más.

De aprobarse, la reforma tendrá que pasar por el aval de los legisladores mexicanos en el Senado y posteriormente recibir la aprobación de por lo menos 17 congresos locales en las entidades mexicanas para poder tener efectos constitucionales.

Con información de EFE