TULUM, Quintana Roo, 02 septiembre. – Comienzan a surgir los desarrollos que autorizara de manera irregular el gobierno de Victo Mas Tah en el municipio de Tulum, entre los cuales resalta TAO Community Bahía Príncipe.
En tan sólo un año el Ayuntamiento de Tulum a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano quintuplicó los permisos para la construcción de proyectos inmobiliarios, pasando de 123 a 625, como señaló en su momento Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
Apenas en agosto pasado, asociaciones ambientalistas denunciaron la devastación una amplia zona de selva virgen, que cuenta incluso con cenotes, y donde intentaban desarrollar el proyecto residencial denominado “Calle La Palma”, al sur de la ciudad de Tulum.
Gracias a la movilización de diversos sectores de la sociedad organizada, del noveno municipio, se logró frenar ese primer intento.
Sin embargo, ahora denuncian que TAO Community Bahía Príncipe planea devastar una importante extensión de selva, en un área que se considera de amortiguamiento.
Esto, en predio vecino al Fraccionamiento Akumal Caribe, como señalaron los habitantes de Akumal Sur, quienes afirman que fue el mismo gobierno municipal el que abrió otorgó esos permisos para este desarrollo de la cadena hotelera de capital español.
Cabe recordar que no es la primera vez que Bahía Príncipe es señalada de ser beneficiada por las autoridades pues antes de concluir el gobierno de Roberto Borge Angulo, el gobierno del Estado le ofertó terrenos a un precio más bajo de su valor real.
En este caso, “Desarrollo Santamar” de la empresa TAO Community Bahía Príncipe, filial del Grupo Piñero, es acusada de haber sido favorecida para construir un mayor número de cuartos de los que se permiten y, recordando que el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Sustentable de Tulum (PMOTEDUS) que fuera aprobado por el Cabildo de Víctor Mas Tah, generó una controversia constitucional por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que a la larga llevó a la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) a echar abajo. El proyecto, que ya se lleva a cabo, es cuestionado por los habitantes de la comunidad de Akumal porque además de devastar selva, en la parte sur de esta delegación, comienza a privatizar áreas que eran públicas, como inmuebles y calles, sin que el gobierno actual de una explicación.
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