CANCÚN, Quintana Roo, 13 de noviembre.— El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Organización de Geomática Educación y Ordenamiento Ambiental (Geo Alternativa AC) participaron en la presentación de la Iniciativa Intersectorial “Territorio Sensible al Agua: Acuífero, Territorio y Sociedad en Quintana Roo”, que busca sumar esfuerzos que contribuyan a proteger los acuíferos del Estado, prevenir conflictos socio-ambientales y evitar catástrofes ambientales en el corto y mediano plazo.
La iniciativa surge de un estudio del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), sobre otro realizado por Ingenieros Civiles del Tecnológico de Chetumal y la Organización de Geomática, Educación y Ordenamiento Ambiental (Geo Alternativa AC) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán para determinar la vocación del sistema kárstico, en seguimiento a acuerdos del seminario “Planificación territorial sensible al agua” realizado en 2018.
La iniciativa sienta las bases para la colaboración y alianza entre gobierno de Quintana Roo y representantes de Fonatur y el Tren Maya para obtener avances del conocimiento con métodos de modelación hidrodinámica y análisis de agua subterránea, permitir el crecimiento poblacional y la ubicación de acuíferos subterráneos.
Enrique Duhne, asesor ambiental del Tren Maya, opinó que se debe propiciar la creación de corredores turísticos bioculturales (selva-cultura-agua) para generar un equilibrio entre el potencial del patrimonio biocultural y las estrategias de mitigación del impacto ambiental.
“Fomentar de forma directa e indirecta agroforestería y actividad forestal eficiente mediante la planeación integral entre el turismo y el consumo responsable (…) Fomentar modelos de economía local sustentable que permitan la participación social de las comunidades en cada eslabón de la cadena de valor y la conformación de redes cooperativas”, dijo.
La iniciativa se basa en 10 principios fundamentales para responder a los desafíos del cambio climático enmarcados en la Agenda 2030, para aportar soluciones fundamentadas en la conectividad de los ecosistemas, tomando en cuenta que los efectos de estos principios trascienden de lo local a lo global, es decir, desde la selva hasta el mar.
Se reconoce que el ciclo del agua es fundamental en la política pública para tener un territorio adaptado al cambio climático; se ratifica la importancia de la conexión entre el espacio superficial y subterráneo, resguardando la calidad oligotrófica del agua; se considera necesario implementar acciones contundentes para reducir, reciclar y reutilizar los residuos sólidos urbanos.
Además, se reconoce como necesidad primordial lograr una red estratégica de área verde e infraestructura dentro de las ciudades, al igual que la de mantener una proporción de superficie 68% permeable y máximo 32% impermeable en los centros urbanos; evitar la promoción de la agricultura en monocultivo y el uso de agroquímicos.
También se considera prudente buscar que la provisión de agua sea con base en cosecha de lluvia, captándola en espacios impermeables y la necesidad de procurar la utilización de sistemas alternativos de bajo consumo energético.
Asimismo, se considera a los cenotes, microbialitos y cavernas de disolución kárstica como elementos especiales y la necesidad de adecuar instrumentos de política pública con elementos que consideren al sistema kárstico.
En esta iniciativa, las partes reconocen y se comprometen a implementar esta visión que permitirá, entre otros objetivos, conservar el color turquesa del agua, los corales, tortugas, peces y estromatolitos, incluso polinizadores, al tiempo que disminuya el riesgo de intrusión salina, de inundaciones y de islas de calor.
Se recomienda mantener una proporción favorable de área permeable e impermeable, liberando presión de la lluvia en el drenaje de aguas negras y restar contaminación de los escurrimientos urbanos a los cuerpos de agua para impedir su contaminación y aumentar la adaptación al cambio climático, de tal forma que se definan en el corto plazo mecanismos que permitan que el crecimiento poblacional del Estado y los proyectos de desarrollo tomen en cuenta la ubicación y funcionamiento de los acuíferos subterráneos.
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