CHETUMAL, Quintana Roo, 26 de diciembre de 2024.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) logró echar abajo un acuerdo judicial que había beneficiado a José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Universidad Politécnica de Quintana Roo), al considerar que dicho convenio no garantizaba la restitución del daño causado al erario por el desvío de más de 20 millones de pesos, dentro del esquema conocido como la Estafa Maestra.
El fallo, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, anuló la sentencia dictada en noviembre de 2024 que permitió a Pech Galera acceder a un procedimiento abreviado, mediante el cual se declaró culpable a cambio de una pena mínima y una reparación del daño simbólica.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el Tribunal determinó que el acuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el imputado fue indebido, ya que se realizó a pesar de la oposición expresa de la ASF y sin que existiera garantía real para la devolución de los recursos públicos desviados.
La sentencia anulada había impuesto al exrector apenas ocho meses con 29 días de prisión, evitando su ingreso a un centro penitenciario, además de una reparación del daño muy por debajo del monto observado, lo que fue calificado por instancias federales como un beneficio desproporcionado frente a la magnitud del desfalco.
El Tribunal fue contundente al señalar que no puede concederse un procedimiento abreviado cuando no está asegurada la reparación del daño, condición indispensable para validar este tipo de salidas anticipadas del proceso penal.
“No existe garantía de la reparación del daño para la procedencia del citado procedimiento abreviado”, resolvió el órgano colegiado, al ordenar la reposición del procedimiento y dejar sin efectos el convenio que favorecía al imputado.
Con esta resolución, Pech Galera —hijo de José Luis Pech Várguez, excandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano— enfrenta ahora un escenario judicial más severo, que incluye la posibilidad de hasta 12 años de prisión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, así como una reparación del daño que podría alcanzar los 60 millones de pesos, al ser considerado responsable solidario junto con otros implicados.
El caso se originó a partir de observaciones de la ASF desde 2017, cuando se documentó que, durante su gestión como rector, la UPQROO firmó contratos con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2015 y 2016 para supuestos servicios de diagnóstico y levantamiento de información que nunca se realizaron, replicando el esquema de triangulación de recursos que caracterizó a la Estafa Maestra.
Con la anulación del acuerdo, el expediente regresa a una etapa clave del proceso penal, reabriendo la posibilidad de sanciones acordes al daño causado y enviando un mensaje claro contra los fallos judiciales que minimizan delitos de corrupción y el saqueo de recursos públicos.
El caso se perfila nuevamente como uno de los expedientes emblemáticos de impunidad y rendición de cuentas pendientes en Quintana Roo, en el marco del desfalco multimillonario que marcó uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.