Turismo, seguridad y sargazo; temas cruciales para Quintana Roo

QUINTANA ROO, Para Quintana Roo hay tres temas cruciales en la agenda política de la Presidencia de la República: turismo, seguridad y sargazo. Sin embargo, en los tres ha habido poco o nulo avance en cuanto a las responsabilidades de la federación.

En la semana que acaba de concluir, por ejemplo, el Senado de la República aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que desincorpora al Consejo de Promoción Turística de México como empresa de participación estatal mayoritaria y ordena su disolución y liquidación.

Entre sus 100 compromisos el gobierno federal había determinado que “se fomentaría el turismo para impulsar el desarrollo y crear empleos”; sin embargo, el sector hotelero ya ha reportado pérdidas en sus flujos de operaciones como consecuencia de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) advirtió que si la falta de promoción se prolonga hasta 2024 el gobierno federal perdería en recaudación fiscal unos 20 mil millones de pesos como consecuencia de la disminución en algunos indicadores como derrama económica, PIB y empleo.

La política del gobierno federal es dar apoyos para que las personas de escasos recursos viajen a los destinos turísticos del país pero recorta, al mismo tiempo, todos los recursos de promoción en el extranjero que es desde donde se captan las inversiones y divisas que permiten a la industria generar empleos y al gobierno aumentar su presupuesto para que esa misma gente de escasos recursos tenga trabajo, sueldo y viva en condiciones más favorables.

El enfoque en seguridad pública es también primordialmente social. Para combatir el crimen la estrategia es dignificar las zonas marginadas porque en la pobreza y la falta de oportunidades está la raíz de la delincuencia. Tiene razón; el problema es su determinación de no combatir al crimen organizado, al narco, responsable del incremento en los índices delictivos en prácticamente todas las entidades federativas, incluida Quintana Roo.

Quintana Roo debería tener 4,200 elementos de la Guardia Nacional y hoy solo cuenta con 1,160, debido a la reducción de más del 70% en las fuerzas federales a partir de diciembre pasado en la entidad porque fueron enviadas al centro del país con el fin de concentrarlas en tareas contra el huachicoleo.

Se prometió que de forma paulatina esas fuerzas federales retornarían a Quintana Roo, donde hasta el momento hay 860 policías militares y 300 agentes federales para las tareas de seguridad en 11 municipios. La idea ha sido que el estado vuelva a tener 3,200 elementos de la Policía Militar y más de 1,000 de la Federal, ahora como parte de la Guardia Nacional.

Sin embargo, nuevamente se reorientan las fuerzas federales de seguridad, esta vez a la contención de la migración ilegal en la frontera sur, donde fueron desplegados 6,300 agentes de la Guardia Nacional; más de la mitad, 3,900 en Chiapas; 1,500 en Tabasco; 600 en Campeche y 300 en la frontera de Quintana Roo.

En cuanto al sargazo, por su lugar de origen, gran escala, impactos, normas oficiales, límites terrestres y marítimos, la atención de su arribo cíclico a las costas de Quintana Roo es, en primera instancia, competencia del gobierno federal que, aún con los recortes a la protección del patrimonio natural de los mexicanos, debe atender urgentemente esta contingencia frente a la cual el gobierno del estado no tiene atribuciones legales ni constitucionales para actuar más allá de mitigar los daños cuando la macroalga ha llegado a las costas.

“Se deben contener y recolectar las masas flotantes de sargazo a una distancia suficiente de la costa en aguas internacionales en altamar con embarcaciones de alto calado (de las mayores dimensiones) pues cualquier atención en aguas someras y en playas puede generar impactos inevitables al turismo, los ecosistemas y a la población. De otra forma sería solo una mitigación y no una solución”, ha señalado desde hace medio año el grupo de científicos del Consejo Técnico Asesor para este tema en Quintana Roo.

Actuar en ese frente, el único que garantiza una solución al problema, es competencia exclusiva del gobierno federal.

La extracción del sargazo en el mar involucra al Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) que otorga los permisos aunque para el caso, sin precedente, debe también gestionar cambios a la Norma Oficial.

La Secretaría de Marina, por instrucción del Presidente, es la encargada de recolectar la macroalga en el mar y para eso prometió construir tres embarcaciones que, dijo, estarán listas en tres meses aproximadamente.

Una vez que la macroalga arriba a las playas se expande en la Zona Federal Marítimo Terrestre, la franja de veinte metros desde el nivel de marea más alta hacia tierra dentro. Esta franja es administrada también por el gobierno federal, igual que las dunas, los humedales y otros ecosistemas son manejados y protegidos bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las costas de Quintana Roo afectadas por el sargazo se localizan dentro de varios polígonos de áreas protegidas que son competencia de la Conanp, como la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano -para la cual aún no se ha elaborado el respectivo plan de manejo-, Yum Balam, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, Arrecife de Puerto Morelos, Cozumel, Sian Ka´an y Xcalak.

Además, por la dimensión, complejidad del fenómeno que involucra a varios países de la región y sus potenciales impactos a la economía -entre ella la generación de divisas turísticas para el país-, a los ecosistemas y a la salud de la población, se requiere la intervención urgente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Turismo, de Gobernación, de Hacienda y de Salud, aparte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo presupuesto ha sido reducido en 61% perdiendo el soporte indispensable para atender estos efectos del cambio climático y contaminación de los océanos.

Los gobiernos municipales y el gobierno del estado no tienen ni los atributos ni tampoco los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos necesarios para resolver el problema y lograr el manejo integral y sustentable del sargazo. Deben colaborar, asumir compromisos y responsabilidades, pero no pueden intervenir, por legislación y constitución, en la atención de un problema de índole federal.