Observatorio Legislativo cuestiona arresto domiciliario otorgado a Roberto Borge
CANCÚN, Quintana Roo, 29 de mayo de 2026.- La decisión judicial que permitió al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, continuar su proceso bajo arresto domiciliario tras ser absuelto del delito de delincuencia organizada ha generado cuestionamientos y controversia sobre el desempeño de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Así lo señaló Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien consideró que el resolutivo ha despertado dudas entre diversos sectores de la sociedad debido al tiempo transcurrido y a la relevancia del caso.
Galaviz Ibarra indicó que después de varios años de proceso judicial, la situación refleja posibles deficiencias en la integración de las carpetas de investigación y en la presentación de pruebas por parte de las autoridades responsables.
“Todo esto lleva evidentemente a suponer que existen intereses atrás de estas decisiones; esperemos que la Fiscalía General de la República presente nuevamente las pruebas para saber si este juez se extralimitó en esa función de determinar que estaba en posibilidad de darle la prisión domiciliaria”, expresó.
El representante del Observatorio Legislativo afirmó que resulta preocupante que, después de tantos años de litigio, la Fiscalía no haya logrado acreditar de manera contundente algunos de los elementos presentados ante los tribunales.
Consideró que esta situación ha generado un escenario delicado y altamente polémico, debido a la importancia del caso para la opinión pública de Quintana Roo.
Asimismo, señaló que todavía será necesario esperar la postura oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que la institución cuenta con recursos legales para inconformarse con la resolución emitida por el órgano jurisdiccional.
Galaviz Ibarra subrayó que cualquier determinación futura deberá sustentarse en criterios jurídicos sólidos y en la correcta valoración de las pruebas que integran el expediente.
Finalmente, sostuvo que la sociedad mantiene interés en conocer el desenlace de los procesos judiciales relacionados con exfuncionarios públicos, particularmente en casos que involucran presuntos actos de corrupción y manejo de recursos públicos.
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