Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que difícilmente dicho organismo podrá cumplir al pie de la letra lo estipulado en la ley para la organización de la Revocación de Mandato, debido a que no se cuenta con el presupuesto suficiente para su realización.
“Lo que hoy estamos haciendo es generar una suficiencia presupuestal de mil 500 millones de pesos, incluyendo la meta de ahorro para el próximo año (…) ese recurso, salvo los 13 millones de pesos que tienen una finalidad específica (…) tendrá que definirse”, dijo.
Hoy estamos ante el dilema de que difícilmente podrá hacerse conforme lo dice la ley, ese es el dilema en el que nos colocó la Cámara Baja”, agregó.
El Consejo General del INE aprobó, por mayoría de votos, ajustes al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2022, que quedará en un monto de 13 mil 914 millones 742 mil 268 pesos, sin considerar el financiamiento público de los partidos políticos y en virtud del recorte aprobado por la Cámara de Diputados por cuatro mil 913 millones de pesos.
De acuerdo con lo aprobado, a los mil 275 millones de pesos que, a partir de diversos ahorros y lo aprobado por el Legislativo, fueron destinados a la Revocación de Mandato, se sumará un monto por compromiso de ahorros de 227.1 millones de pesos adicionales, con lo que el INE contaría con una bolsa de mil 503 millones de pesos para la eventual realización de este ejercicio.
Córdova Vianello dejó en claro durante la sesión que “no es el INE el que bloquea, obstaculiza o pone en riesgo un eventual proceso de Revocación de Mandato”.
Aún con los ajustes y la meta de ahorro que se propone, el INE estaría avanzando hacia la organización de la Revocación de Mandato con un déficit de más de dos mil 554 millones de pesos, lo que pone en riesgo la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana”, explicó.
El consejero presidente del INE subrayó que estos recursos resultan “clara y abiertamente insuficientes para llevar a cabo este proceso con las características y amplitud que se estipulan en la propia Ley Federal en la materia, que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal; es decir, alrededor de 160 mil casillas, que es la base del cálculo que se hizo para solicitar la partida precautoria que la Cámara se negó a aprobar, y que, como se recordará, era de 3 mil 830 millones de pesos”.
Con información de López-Dóriga Digital
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