CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero.- Integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral y otros funcionarios de su gabinete, por el desvío de recursos públicos para financiar la “Caravana por la Dignidad”.
Así lo dio a conocer Ernesto Gándara, presidente del Consejo Político Nacional del PRI, quien mencionó que solicitaron a la Fepade, una investigación a fondo en contra del mandatario estatal por emplear recursos públicos a favor de la campaña de proselitismo del abanderado de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya.
La denuncia argumenta que la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona a los servidores públicos que destinen, utilicen o permitan la utilización de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.
Luego de entregar una denuncia de hechos ante las autoridades de este órgano, también solicitaron que se pida información al Congreso local para ver si Corral Jurado pidió licencia para retirarse del cargo y realizar su caravana.
También externó que funcionarios estatales han realizado actos de proselitismo político electoral a lo largo de esta caravana a la cual calificó como un “circo”.
Acompañado por Claudia Pastor Badillo, representante del PRI ante el INE, Paul Ospital, presidente del Instituto Jesús Reyes Heroles y por Héctor Gómez Barraza, secretario de Organización Política del CEN del PRI, Gándara expuso que el gobernador de Chihuahua se ha convertido en el jefe de campaña de Anaya Cortes.
Claudia Pastor dio a conocer que también presentarán una denuncia ante el instituto Nacional Electoral (INE) para que investigue a esta caravana y por la desviación de recursos públicos hacia la misma y consideró que el mandatario de Chihuahua, está “realizando actos de índole partidista con recursos públicos, con la clara finalidad de influir en las preferencias electorales”.
La representante del PRI, mencionó que la sanción por ese delito, consiste en la inhabilitación para ocupar cargos y la destitución, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado. (FUENTE: El Excèlsior)
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