Rechazan cobro de impuesto a moto-repartidores en Quintana Roo

CHETUMAL, Quintana Roo, 03 de diciembre. – La Diputada Erika Castillo Acosta presidenta de la Comisión de Movilidad en la XVI Legislatura local, se ha pronunciado en contra del cobro por mil pesos que el IMOVEQROO pretende comenzar a aplicar a todos los que se dedican al moto servicio.

La legisladora asegura, que no existe un fundamento legal en la propia Ley de Movilidad que condicione dicho pago para obtener un permiso y poder seguir brindando el servicio, dado que esta modalidad de reparto y diligencias no se encuentra contemplada, por lo que advirtió que presentará un exhorto al titular del Instituto de Movilidad Jorge Pérez Pérez para que frene esta medida.

Sentenció que no puede permitir que se cause una afectación a este sector al que han recurrido muchos de los que perdieron su empleo a causa de la pandemia y que, ante tal intención, ahora se ponga en riesgo el ingreso económico de quienes dependen de esta fuente de ingreso y que podría repercutir hasta a la misma comunidad que utiliza con mayor frecuencia este tipo de prestación que les evitar salir de sus casas y recibir sus compras de manera más rápida mediante una tarifa accesible.

Lamentó que la instancia pública regulatoria que en este caso es el IMOVEQROO lo anuncie sin antes ser consensuado y sin considerar que esta actividad se ha convertido en una manera de proteger a la población y una medida para evitar la propagación del virus del COVID-19, además de la ola de amparos y movilizaciones que ante la voracidad de la recaudación comenzarían a presentarse.

Lo que no aclaró, es si solo está en contra del cobro de mil pesos por los tiempos electorales que se avecinan o si también mantendrá esta postura con la regularización y los permisos que ella misma aceptó en diciembre del año pasado que era necesario, dado el incremento de unidades en el estado y declarando incluso, que fijarían un registro y un tabulador de precios, por lo cual reformarían la Ley de Movilidad en ese aspecto e incluir una nueva modalidad para tener un mayor control.

Lo único que ha evidenciado es que mantiene un roce con el titular del IMOVEQROO, al que públicamente y a través de sus redes sociales le ha hecho continuos llamados para reconsiderar su actuar por los operativos de supervisión que están llevando a cabo en todo el estado, aplicando lo que llama excesivas infracciones por el incumplimiento de la normatividad establecida en esta etapa de reactivación económica y que según su criterio, las multas son desproporcionadas a las posibilidades del infractor en relación a la gravedad del ilícito.

La Diputada olvida, que han sido precisamente los usuarios del transporte público los que han estado denunciando ante la autoridad competente, los constantes abusos de quienes operan las unidades y que han violentado en más de una ocasión los protocolos sanitarios al rebasar la capacidad de pasajeros autorizada o no usando el cubrebocas, anteponiendo la obtención de mayores ingresos por encima de la salud de la propia ciudadanía, por lo que las sanciones a las que se han hecho acreedores están más que justificadas en la mayoría de los casos.