Universidades públicas desvían más de 3 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de Marzo.- En los últimos años, diversas universidades públicas del país han desviado recursos públicos federales por más de 3 mil millones de pesos, de 2013 a 2015, a través de un esquema de simulación de contratos documentado por la Auditoría Superior de la Federación.

La manera en que opera dicho desvío, consiste en que el gobierno asigna contratos a las universidades con el fin de desarrollar algún tipo de proyecto y las instituciones de educación subcontratan a terceros incapaces de documentar el desarrollo de dichos proyectos. De este modo, se crea un agujero contable que permite desviar cuantiosos recursos provenientes de secretarías de Estado y otras dependencias federales.

Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las adquisiciones, subcontratar proveedores sin el perfil y sin la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios”, según ha señalado la ASF.

LOS CASOS RECIENTES

En su informe de la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación se descubrió que cuatro universidades públicas ocasionaron un posible daño al erario por 831 millones 141 mil pesos, luego de no poder comprobar el ejercicio de recursos públicos para el desarrollo de proyectos gubernamentales.

En este sentido, el órgano fiscalizador detectó desvíos de recursos provenientes de programas federales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La Universidad Autónoma de Zacatecas, por ejemplo, celebró un contrato por 219 millones 430 mil pesos con Sagarpa para operar el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Pero la universidad subcontrató a otras 16 empresas para llevar a cabo los trabajos, al no tener la capacidad técnica y de personal para ello, lo cual representa una irregularidad que la hace acreedora de sanciones, de acuerdo con la Auditoría.

Lo mismo ocurrió en el Estado de México, donde tres universidades utilizaron un esquema similar para obtener recursos públicos sin comprobación. De este modo Sedesol otorgó 611 millones 711 mil 900 pesos a las universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco, y Tecnológica del Sur del Estado de México, para el desarrollo de proyectos, adquisiciones y servicios.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Pero esta no es la única vez que las universidades públicas han estado involucradas en desvíos de recursos públicos mediante la subcontratación. Durante el ejercicio 2014, al menos otras tres universidades utilizaron estos mecanismos irregulares.

Tal es el caso de la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Tan sólo en 2014, la Universidad Autónoma del Estado de México presentó operaciones irregulares por 658 millones 393 mil pesos mediante contratos con el gobierno y la subcontratación de terceros.

“Entre otros aspectos, se observaron pagos y cobros injustificados que suman 354 millones 821 mil pesos, de los cuales destaca que 240 millones 212 mil pesos, fueron transferidos a empresas y personas físicas que no presentaron evidencias de la realización de los trabajos solicitados”, señala la ASF en relación a contratos suscritos por la universidad mexiquense con entidades del gobierno federal como INEA y FOVISSTE, los cuales incluyen “el caso de personas físicas no localizadas, presuntamente vinculadas con actos irregulares”.

Lo mismo ocurrió en 2013, cuando el órgano fiscalizador detectó “pagos y cobros injustificados que suman 376,986.8 miles de pesos”.

Otro caso donde la universidad mexiquense desvió recursos de manera irregular se dio en el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la universidad mexiquense subcontrató a 39 empresas, de las cuales 4 de ellas tampoco tenían la capacidad y subcontrataron a otras 17 empresas, para cumplir con al menos 10 contratos irregulares suscritos con entidades estatales como Sedesol, la Secretaría de Economía, el ISSSTE, Diconsa, el Registro Agrario Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo y Financiera Rural. Contratos que en total suman 303 millones 572 mil pesos.

Algo similar ocurrió un año antes, en 2013, cuando la ASF también detectó irregularidades en dicho fondo, tras observar irregularidades por 242 millones 397 mil pesos.

La Universidad Autónoma del Carmen, por ejemplo, suscribió 11 contratos con Pemex Exploración y Producción (PEMEX-PEP) y Sagarpa (a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) para la prestación de diversos servicios, en los cuales manifestó que contaba con capacidad técnica, material y humana para la prestación de los servicios. No obstante contrató a 14 empresas y una persona física para llevar a cabo los servicios con Pemex y 5 empresas para ejecutar los servicios convenidos con Sagarpa. Dichos contratos sumaron 826 millones 438 mil pesos.

Una historia similar ocurrió con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que contrató “a cuatro supuestos proveedores” por 439 millones 501 mil pesos, tras celebrar un contrato con Sedesol mediante el cual se subcontrató a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V. por un monto total de 399 millones 608 mil pesos. Una historia que se repitió en 2013, cuando la ASF detectó transferencias por 416 millones 221 mil pesos a la misma empresa.

OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSITARIA

Este mismo esquema de otorgar contratos a universidades que subcontratan empresas y personal también ocurrió en 2013. Así ocurrió con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Tecnológica de Tabasco, con recuperaciones probables por un monto de 145 millones 426 mil pesos.

Según el programa de la Cuenta Pública 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la ASF indagará a otras seis universidades ante posibles actos de corrupción, tal como ocurre con las universidades Mexiquense del Bicentenario; Politécnica de Chiapas; Politécnica de Francisco I. Madero, en Hidalgo; Politécnica del Sur de Zacatecas; Tecnológica de Campeche y Tecnológica de Salamanca. Dichas auditorías serán finalizadas y publicadas hasta 2018. (FUENTE: Huffingtonpost)