Urgente y prioritario dar claridad en el procedimiento de revocación de mandato: diputado Edgar Gasca

LÁZARO CARDENAS, Quintana Roo, 17 de noviembre.- El coordinador del grupo legislativo del MORENA en el Congreso de Quintana Roo, diputado Edgar Gasca Arceo, dio un mensaje contundente en contra de los malos gobiernos, recordando la conocida frase del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “el pueblo pone y el pueblo quita”, tras señalar que tuvieron que pasar 2 años y 3 meses para que la Comisión de Justicia determine que si procede el Juicio de Revocación de Mandato contra el ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena, pero como su presidencia ya concluyó no hay mandato que revocar, lo que finalmente resulta en una total simulación y una completa burla para los quintanarroenses y en especial para los habitantes de ese municipio. 

Desde la máxima tribuna del Estado, Edgar Gasca dijo que ya la ciudadanía está harta de los dobles discursos y de la simulación, de que se privilegien intereses partidistas y arreglos personales sobre los intereses ciudadanos; tras poner de ejemplo el documento que hoy se aprobó por unanimidad del Pleno legislativo, mediante el cual se declara la improcedencia de la incoación del procedimiento de revocación de mandato en contra de Josué Nivardo Mena Villanueva, en su calidad de presidente municipal de Lázaro Cárdenas durante el periodo 2018-2021, quien fue denunciado desde agosto de 2019 por una serie de irregularidades, omisiones y presuntos actos de corrupción.

En palabras más simples, quiere decir que ya no se puede continuar con el procedimiento para la revocación de mandato de Nivardo Mena Villanueva, porque, aunque se le encontraron las pruebas suficientes, ya ha concluido con su encargo de presidente municipal de Lázaro Cárdenas y, por tanto, ha dejado de existir el objeto y materia de la solicitud presentada al no poderlo separar de un cargo que ya no tiene.

No obstante, la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura determinó el 10 de agosto de 2021 la existencia de los elementos y las pruebas para que Nivardo Mena Villanueva sea sujeto al procedimiento de revocación de mandato, aprobando la solicitud que en su momento interpusieron 6 regidores de Lázaro Cárdenas pertenecientes a su propio Cabildo, pero por cuestiones de temporalidad ya no se puede aplicar dicho proceso.

En el documento presentado este día ante el Pleno legislativo, la Comisión de Justicia reconoce que el ciudadano Josué Nivardo Mena Villanueva, en su calidad de presidente municipal de Lázaro Cárdenas durante el periodo 2018 – 2021, incurrió en una serie de faltas graves, irregularidades, omisiones e incumplimientos de sus facultades y obligaciones, tales como no convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, y no sesiones por lo menos dos veces al mes de manera ordinaria; presunto nepotismo, desvío y manejo indebido de recursos públicos; la falta de rendición de cuentas de la contratación de una empresa para el servicio de recolecta de basura en la Isla de Holbox, así como presunto proselitismo y desvío de recursos a través de una Fundación denominada Nivardo Mena.

El mismo escrito refiere que Nivardo Mena no pudo comprobar o rebatir legalmente la no existencia de los hechos por los que se le denuncia, al aportar pruebas que no desvirtuaron los requisitos básicos de procedencia para ser sujeto a la revocación de mandato.

“Adivinen que dice el Dictamen, que si es procedente la revocación de mandato (contra Nivardo Mena), pero como el señor ya dejó de ser presidente municipal ya no hay mandato que revocar. Es una burla para los quintanarroenses y sobre todo para la gente de Lázaro Cárdenas. Imaginemos entonces que la ‘receta’ que aplicó el exalcalde de Lázaro Cárdenas, la aplicaran ahora todos los presidentes municipales al ver que no les pasa absolutamente nada”, sentenció Edgar Gasca.

Indicó que, lamentablemente, a pesar de que se encontraron las pruebas para aplicarle la revocación de mandato a quien fuera presidente municipal de Lázaro Cárdenas, este asunto quedó interrumpido por una mera cuestión de temporalidad, porque ni la pasada XV Legislatura ni en la actual XVI Legislatura se actuó a tiempo, teniendo que pasar dos largos años y 3 meses para declarar que siempre si procede la revocación, justo cuando a Nivardo Mena le quedaba poco tiempo para terminar su encargo, con lo que se le protegió y quedó impune.

Añadió que se trata de un asunto grave, que no es un tema menor y que lo único rescatable es que se establece que la Comisión de Justicia dará vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la Contraloría del municipio de Lázaro Cárdenas para que actúen en consecuencia al Dictamen que se elaboró.

Mencionó que por esta razón es urgente y prioritario reformar la Ley de los Municipios para establecer reglas claras y tiempos debidamente definidos en los procedimientos de suspensión o revocación del mandato, pues la ley actualmente, así como está, no es eficaz y da pie a que se proteja a aquellos funcionarios municipales que le fallen a la ciudadanía quintanarroense, tal y como ocurrió con el caso de Josué Nivardo Mena Villanueva.

El también presidente de la Comisión de Salud indicó que, el mayor problema, es que en la ley no se tienen los plazos ni tiempos claros para este tipo de procedimientos, de manera que cualquier Legislatura puede actuar de manera subjetiva y discrecional, ya sea para apresurar o dilatar las denuncias que se interpongan, dependiendo si se quiere proteger o castigar al servidor público.

La iniciativa la presentó desde el pasado 23 de agosto y desde ese momento ha quedado archivada.

El legislador de Morena destacó que con esto se busca evitar la impunidad en este tipo de procedimientos, avanzando con ello hacia un verdadero combate de la corrupción, de manera que no se tengan simulaciones y la ciudadanía cuente con verdaderos procedimientos de evaluación y rendición de cuentas.

“Los ciudadanos de Quintana Roo demandan más transparencia, demandan ser escuchados y sobre todo piden un alto a las simulaciones y a los dobles discursos, cuando por razones políticas e intereses partidistas dejamos de escuchar a la ciudadanía y preferimos proteger a alguien que ha incurrido en faltas graves”, concluyó.