CIUDAD DE MÉXICO, 26 de Junio.- La madrugada del sábado 8 de octubre de 2016, el campesino José Santos Jiménez Guevara falleció en una humilde casa del ejido 20 de noviembre, en El Ébano, un municipio ubicado en la huasteca, en los límites de San Luis Potosí con el norte de Veracruz. Un cáncer de pulmón le causó la muerte, según testificó el médico Ernesto Ordaz, quien acudió a levantar el acta de defunción, ante la presencia de la viuda y dos hermanos.
A los 45 días de haber fallecido, don José Santos “revivió” o lo revivieron para transar a su nombre. El 22 de noviembre de 2016 llegó al Congreso de San Luis Potosí una carta supuestamente firmada por el muerto en la que solicitaba el apoyo para la compra de despensas para los habitantes pobres de su pueblo, ubicado a 370 kilómetros al oriente de la capital potosina.
El diputado del PAN Mariano Niño Martínez propuso apoyar la petición, y turnó la carta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. A las dos semanas, el miércoles 7 de diciembre, los diputados Fernando Chávez Méndez, del PRI, y Enrique Alejandro Flores, del PAN, firmaron un oficio en el que autorizaron entregarle 400 despensas al difunto, para que él a su vez las distribuyera entre sus vecinos de la huasteca.
El difunto —faltaba más— agradeció tan generoso obsequio de los diputados. En la carta de agradecimiento se falsificó la firma de don José Santos; fue elaborada el 19 de diciembre de 2016, cuando el ejidatario ya tenía 72 días de haber fallecido.
Peor aún, la empresa Joef Innovadores SA de CV, que supuestamente surtió las 400 despensas y por las que se gestionó un pago de 86 mil 499 pesos, también era inexistente. El domicilio aportado en la factura corresponde a una vivienda en la colonia Ricardo B. Anaya, de San Luis Potosí, cuyos ocupantes negaron que en ese sitio exista o haya existido una empresa, y también negaron dedicarse a la venta de despensas.
Prácticamente en San Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado donde participan todos los partidos políticos, utilizan instituciones como es el Congreso, la Auditoría Superior del Estado, la Junta de Coordinación Política, y todos han operado de manera eficiente para sus intereses.
Óscar David Reyes Medrano, abogado que ha asesorado a 13 víctimas de robo de identidad
Una práctica recurrente
El caso aquí relatado es apenas un botón de muestra de una práctica generalizada en el Congreso de San Luis Potosí, en donde diputados de todos los partidos se han confabulado para saquear millones de pesos de recursos públicos con el uso de decenas de empresas fantasma y el robo de identidades o falsificación de firmas para simular donativos y obras.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró que 51 proveedores presuntamente fantasma han recibido pagos por al menos 33 millones 635 mil pesos del Congreso de San Luis Potosí, y en las operaciones están involucrados diputados locales del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, Morena, Movimiento Ciudadano y del partido local Conciencia Popular, así como personal de la Auditoría Superior del Estado que, se supone, es el órgano que debería vigilar el correcto manejo de los recursos públicos. A esto se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes gestionadas por los legisladores, con lo que el desfalco documentado, hasta ahora, supera los 43 millones de pesos.
“Prácticamente en San Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado donde participan todos los partidos políticos, utilizan instituciones como es el Congreso, la Auditoría Superior del Estado, la Junta de Coordinación Política, y todos han operado de manera eficiente para sus intereses”, acusó el abogado Óscar David Reyes Medrano, quien ha asesorado a 13 víctimas a las que les robaron su identidad.
“Están ligados y coludidos todos los partidos. Ahí sí no hay distingo de colores, de ideologías, ahí los une el abuso, el fraude, la corrupción, el uso de empresas fantasma”, coincidió José Guadalupe González Covarrubias, fundador de Ciudadanos Observando, organización que ha investigado y documentado el saqueo realizado desde el Congreso del Estado, al que han calificado como El Honorable Gremio del Fraude.
Según esta organización, tan solo 7 empresas fantasma han recibido del Congreso de San Luis Potosí 25 millones 175 mil pesos para facturar supuestas ayudas sociales. Lupita Vera, activista e investigadora de Ciudadanos Observando desde hace tres años, relató que han detectado que algunas de estas empresas cobran una comisión de 8% por emitir o vender facturas por servicios inexistentes.
En el listado de proveedores del Congreso aparecen cuatro empresas y una persona física que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en su lista negra por presuntamente simular operaciones, las cuales a su vez están ligadas a otras nueve compañías que también han recibido contratos directos de los diputados potosinos, según constató MCCI al hacer un cruce de información de actas.
De los 48 proveedores presuntamente fantasma identificados en esta investigación, la mayoría son de San Luis Potosí, aunque también hay dos empresas de Oaxaca, dos de Aguascalientes, una de Querétaro, una de Guanajuato y otra del Estado de México.
Aunque de manera aislada habían sido publicadas algunas notas sobre algunos de los casos de legisladores utilizando estas empresas, en este reportaje por primera vez se exhibe el alcance del mismo, tanto en los montos que involucra como en que están involucrados todos los diputados potosinos, ocho de los cuales buscarán el 1 de julio saltar a otros cargos de elección popular.
Los priístas Martha Orta, José Luis Romero Calzada y Óscar Bautista, así como los panistas Jorge Díaz Salinas y Josefina Salazar son candidatos a una diputación federal; Rebeca Terán, del PRI, aspira a convertirse en senadora y Héctor Meraz, del PAN, y Alejandro Segovia, del PVEM, buscan la alcaldía de sus lugares de origen (Tanquián y Matehuala).
Los testimonios
Al señor Rogelio Guerra Ortiz ar también le robaron la identidad, para un falso apoyo para vivienda de 52 mil pesos. “No recibimos nada, aquí con nosotros no llegó ni un centavo”, aseguró. “Nosotros aparecimos como beneficiarios sin saber”.
Ernestina Muñoz Hernández reconoció que una vez acudió al Congreso a pedir ayuda, pero que nunca le dieron un peso, aunque en el padrón de beneficiarios aparece que recibió 22 mil 470 pesos. “Yo no lo he visto, ni me han dado nada”.
Otra mujer solicitó 12 mil pesos para trasladar el cadáver de su hijo de Tamaulipas, pero los diputados le respondieron que no había dinero. Al paso de los días, se enteró que aparecía en la lista de falsos beneficiarios con 38 mil pesos para material para construcción.
Los legisladores también han justificado gastos con comprobantes fiscales emitidos por personas físicas que no sustentan ninguna actividad comercial o de servicios.
Es el caso de Adriana Angélica Peredo Gómez, quien emitió entre octubre y noviembre de 2015 facturas para justificar apoyos legislativos de los diputados del PAN Josefina Salazar, Héctor Mendizábal, Héctor Meraz, Enrique Flores y Mariano Niño por 479 mil 136 pesos. Los legisladores argumentaron que la persona que expidió los comprobantes fiscales les había hecho trabajos de mensajería y gestiones, lo cual fue desmentido por la falsa proveedora, quien al final canceló las facturas, pese a que ya habían sido ingresadas al Congreso.
Una persona que se identificó como el esposo de la falsa proveedora admitió que se dedicaban a vender facturas a cambio de una comisión, y que era común que acudieran diputados a solicitar los comprobantes.
Puedes leer la investigación completa en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. (FUENTE: Huffingtonpost)
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